El plan que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció durante el Debate del Estado de la Región en el mes de septiembre para proteger a la empresa familiar avanza en su tramitación. Este miércoles, el Consejo de Gobierno ha conocido el informe sobre el Anteproyecto de Ley de Empresa Familiar, que pretende impulsar su creación, protección, modernización y consolidación en la capital con nuevas deducciones fiscales y ayudas.
Esta nueva normativa dotará de mayor seguridad jurídica y reducirá la carga fiscal de una pieza fundamental del tejido productivo de la región. En la actualidad, hay más de 450.000 las compañías familiares en Madrid que representan el 93% del tejido empresarial, el 65% del PIB y generan el 60% del empleo privado. Unas cifras que desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se pretende consolidar y proteger.
A grandes rasgos, la normativa conocida este miércoles por el Gobierno regional establece nuevos beneficios en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, ampliando los previstos en la ley estatal, para garantizar el relevo generacional en la empresa familiar.
De esta forma, en los supuestos de adquisición por sucesión o donación de una empresa individual, un negocio profesional o participaciones en entidades, la reducción aplicable en la base imponible se elevará del 95% al 99%, siempre que el nuevo dueño mantenga los bienes en su patrimonio durante los cinco años siguientes.
Además, gracias a la nueva normativa se ampliará el ámbito de los parientes que pueden ser beneficiarios, incorporando a los ascendientes, a los integrantes del grupo III de parentesco (hermanos, sobrinos, tíos, suegros, yernos/nueras, etc.) y, dentro del grupo IV, a los primos hermanos.
También se mejorarán los requisitos necesarios para acceder a la bonificación, eliminando la exigencia de que el donante tenga más de 65 años o esté con una gran invalidez o incapacidad permanente, y se especificará qué ingresos se tendrán en cuenta para poder aplicar el beneficio fiscal.
Según ha detallado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración, Miguel Ángel García Martín, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, todas estas medidas serán compatibles con las bonificaciones generales actualmente vigentes en la Comunidad de Madrid en ambas modalidades del impuesto. El Gobierno regional estima que beneficiarán a cerca de 1.500 contribuyentes madrileños, con un ahorro fiscal para ellos de aproximadamente 2 millones de euros anuales.
Este informe constituye el paso previo al trámite de audiencia pública de la Ley, cuya aprobación por la Asamblea de Madrid está prevista para mediados de año, para su entrada en vigor al mes siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), ha zanjado el consejero.
